El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la derecha de utilizar el informe de la UCO sobre Santos Cerdán para derribar a su gobierno legítimo. Esta intervención del Estado en asuntos políticos con el objetivo de desestabilizar a un gobierno electo pone en peligro la libertad individual y el funcionamiento del mercado. Como decía Frédéric Bastiat, «cuando la ley y la moral entran en conflicto, la obligación está en obedecer a la ley». La manipulación de informes policiales con fines políticos va en contra de esta premisa liberal clásica, socavando la confianza en las instituciones y minando la democracia en beneficio de intereses partidistas.